España ha sido el tercer país de la Unión Europea, después de Francia e Italia, que eleva a ley la lucha contra las pérdidas y el desperdicio de alimentos. El texto, aprobado por el Consejo de Ministros el 7 de junio de 2022 y que entrará en vigor el próximo 2 de enero de 2023, se sitúa en el núcleo de una ambiciosa estrategia nacional que aspira a reunir a los agentes de la cadena alimentaria, entidades sociales que distribuyen alimentos donados, consumidores y Administraciones Públicas en un mismo frente para prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos, asignando a cada parte una misión.
En el caso de los agentes de la cadena alimentaria, categoría que engloba desde los productores del sector primario hasta los servicios de hostelería y restauración, la primera labor para prevenir las pérdidas de alimentos consiste en adecuar sus actividades a una jerarquía de prioridades que la propia Ley establece y, además, recoger la forma en que lo llevan a cabo en un Plan de Aplicación para la Prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario o, por el contrario, justificar debidamente los motivos por los que no se puede seguir ese orden jerárquico, excepción que únicamente permite la Ley cuando las características del sector exijan una adecuación distinta y medien razones técnicas, de protección medioambiental, viabilidad económica u otras de entidad suficiente.
La propia Ley apuesta por fomentar la autorregulación de estas medidas por los agentes de la cadena obligados a adaptarlas e insta a las Administraciones Públicas a prestarles ayuda y elaborar guías para llevarlas a la práctica. Hasta que se publiquen esas herramientas, en Remolonas nos hemos anticipado editando una Guía práctica y gratuita sobre el Plan de Prevención del Desperdicio Alimentario para que los agentes de la cadena alimentaria puedan llevar a cabo un autodiagnóstico de sus pérdidas, diseñar e implementar las medidas necesarias y realizar un seguimiento de su efectividad.
Con carácter previo, interesa tener una visión aproximativa del orden de prioridades y de los aspectos más relevantes a la hora de elaborar un Plan para prevenir y reducir las pérdidas.
La jerarquía de prioridades aplicable a las pérdidas y al desperdicio alimentario
Todos los agentes de la cadena alimentaria tienen la obligación de aplicar a sus pérdidas de alimentos y desperdicios el destino que por orden de jerarquía establece la nueva Ley antidesperdicio priorizando siempre y, en todo caso, el consumo humano. La jerarquía de prioridades es la siguiente:
- Donación de alimentos. A tal efecto, los agentes deberán suscribir acuerdos o convenios con ONG´s dedicadas a la distribución de alimentos donados.
- Transformar los productos que no se han vendido, y sean aptos para consumo, en otros alternativos.
- Destinar las pérdidas para alimentación animal o para fabricar pienso.
- Uso como subproductos en otras industrias.
- Como residuos, reciclado para obtener compost o, en su defecto, biogás o combustibles
La posibilidad de revalorizar los excedentes alimentarios aptos para el consumo mediante su venta para líneas de comercialización de productos popularmente conocidos como “imperfectos” a través de plataformas como Remolonas es una oportunidad de rentabilizar pérdidas de alimentos potenciales y de cumplir con la Ley.
Los Planes de Aplicación para la Prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario
Eliminar la pérdida de alimentos es una parte central de la estrategia de la Unión Europea «De la granja a la mesa» de 2020 y que contempla medidas obligatorias en el marco del Pacto Verde. A partir del año 2022, todos los Estados miembros de la UE deben reportar anualmente a la Comisión Europea el volumen de sus respectivas pérdidas a fin de que ésta proponga a finales del año 2023 los objetivos comunes para combatir las pérdidas y que tendrán carácter vinculante para los Estados Miembros, aunque la Comisión hace ya siete años que aplica directrices en materia de reducción de residuos alimentarios desde el primer Plan de Acción para la Economía Circular. Este es el contexto de las medidas y obligaciones de alcance general que la legislación española impone a los agentes de la cadena alimentaria: colaborar con las Administraciones Públicas para la cuantificar los residuos alimentarios, cumplir las medidas que por remisión expresa hace a la Ley 7/2022, de 8 de abril, para la reducción de los residuos alimentarios y disponer de un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
El plan de prevención será obligatorio en España a partir del 2 de enero de 2023 para todas las empresas y entidades sociales integradas en la cadena del sector alimentario y sus objetivos principales son:
1º.- Reportar la forma en que se aplica la jerarquía de prioridades.
2º.- Prevenir y reducir el impacto de las pérdidas evitables priorizando en consecuencia los objetivos concretos con arreglo al sector y las medidas correspondientes.
Fases del Plan de Prevención de Pérdidas Alimentarias
Diagnóstico
El plan de acción pretende reforzar la responsabilidad de los agentes de la cadena alimentaria a lo largo de todas las fases. Los agentes deberán analizar las causas concretas y la magnitud de sus pérdidas antes de fijar unos objetivos concretos y cuantificables, y de establecer las medidas y soluciones más apropiadas para reducir sus pérdidas.
Implementación y seguimiento
La aplicación del Plan de Prevención habrá de incluir las medidas que la entidad está aplicando a sus pérdidas alimentarias conforme a la jerarquía de prioridades y siguiendo un calendario de ejecución. El seguimiento del Plan, que debe estar basado en indicadores, suministra datos de desempeño de manera que se pueda analizar la evolución de las medidas en el tiempo respecto al nivel de cumplimiento de objetivos que se ha logrado y adoptar, en su caso, las medidas correctoras que sean necesarias para mejorar los resultados.
Existen varios tipos de indicadores de la pérdida de alimentos para el seguimiento, siendo los más importantes:
- Indicadores cuantitativos: sirven para medir el volumen de las pérdidas alimentarias evitables.
- Indicadores medioambientales: que permiten medir el impacto medioambiental asociado a las pérdidas de alimentos teniendo en cuenta las distintas categorías de alimentos y las opciones de eliminación.
Evaluación
La evaluación de los avances obtenidos constituye una fase fundamental que permitirá a los agentes definir con más validez sus objetivos, identificar las prácticas que han resultado más eficaces y cuantificar el ahorro financiero y medioambiental obtenido con la reducción de sus pérdidas de alimentos.
La experiencia de otros países demuestra que el sector alimentario está preparado para alcanzar el objetivo de reducir a la mitad las pérdidas evitables de alimentos para 2030 y que avanzando en esa dirección las empresas también consiguen beneficios por el ahorro económico y la optimización de recursos que obtienen con la adopción de los planes de prevención y reducción de las pérdidas de alimentos evitables.