Donar alimentos: La estrategia más solidaria para combatir el desperdicio alimentario
alimentaria en España han empeorado en 2021
El Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo públicos el pasado 29 de junio los resultados definitivos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) correspondiente al año 2021, dejando como titular el aumento hasta el 27,8% del porcentaje de la población residente en España en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que representa un incremento en el último año del 0,8%. Traducido en cifras, la situación de riesgo afectó durante 2021 a 13.176.837 personas en nuestro país, 397.031 más que en el 2020.
Según esta Encuesta de Condiciones de Vida en 2021 un total del 21,7% de la población en nuestro país tiene ingresos por debajo de 9.535 euros al año, umbral en el que se encuentran 10.285.517 millones de personas que sobreviven con menos de 794,60 euros cada mes.
Sin embargo, la población en situación de carencias materiales y sociales severas se sitúa en un 8,3%, con un ligero descenso del 0,2% comparado con el 2020; una leve mejoría que el informe sobre el Estado de la Pobreza en España 2021 de la European Anti-Poverty Network (EAPN) interpreta como el efecto positivo de contención que han tenido las medidas públicas integradas en el Escudo Social, como el Ingreso Mínimo Vital o los bonos sociales de energía, para mitigar el impacto de la crisis generada por la pandemia sanitaria internacional.
¿Cómo se mide el riesgo de pobreza y exclusión social?
La tasa AROPE es el indicador que se utiliza para medir el riesgo de pobreza y exclusión social y ha sido modificada en 2021 para ajustarla a los objetivos de la Estrategia Europea 2030. En su nueva adaptación, la tasa AROPE define como población en riesgo de sufrir pobreza o exclusión a aquella persona que se encuentre, al menos, en una de las tres situaciones siguientes:
- Riesgo de pobreza
- Baja intensidad en empleo
- Carencias materiales y sociales severas
Para determinar la situación de carencia material y social severa, conforme a la nueva definición, se valoran un total de trece componentes, de los que seis son de carácter personal y siete se refieren a la situación del hogar; entre éstos últimos se incluye como indicador aquellos hogares que no pueden permitirse hacer una comida de carne o pescado, como mínimo, cada dos días. Una situación que afecta particularmente, según los datos del INE, a familias monoparentales y a parejas con hijos menores, información que coincide con la situación expuesta por las entidades sociales dedicadas a la redistribución de alimentos donados.
La donación de alimentos en la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario
La Ley de prevención de pérdidas y desperdicio de alimentos señala entre sus fines específicos el fomento de la donación de alimentos y la promoción de medidas de recuperación y distribución gratuita de excedentes de alimentos con fines de solidaridad social, priorizándolo en la jerarquía que han de respetar los agentes de la cadena alimentaria obligatoriamente a partir del 2 de enero de 2023. No obstante, la propia Ley en su Exposición de Motivos admite que no pretende ser la única vía de cubrir las necesidades alimentarias básicas de la población en situación más vulnerable, puesto que entregar alimentos a fin de evitar las pérdidas y desperdicios es un recurso de carácter excepcional. De ahí que entre las buenas prácticas, se identifiquen expresamente las líneas de venta al consumidor final con productos que no cumplen los estándares estéticos o que por la razón que fuere no han podido comercializarse. Entre estas alternativas, Remolonas es un ejemplo paradigmático al ofrecer a productores y transformadores la oportunidad de rentabilizar sus excedentes alimentarios y a los consumidores finales la posibilidad de adquirirlos a precios reducidos, además de destinar un porcentaje a la redistribución para consumo humano con fines sociales.