El próximo domingo, 16 de octubre, se celebra la 43ª edición del Día Mundial de la Alimentación bajo el lema “No dejar a nadie atrás”, con el que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura pretende poner el foco en la compleja crisis que atraviesa el sistema alimentario en la actualidad. Un contexto marcado por los conflictos y la inestabilidad internacional, el calentamiento climático, la pandemia, la inflación y el aumento de las desigualdades; factores, todos ellos, que están repercutiendo severamente en la producción, la distribución y el acceso de alimentos.
El campo libra su particular batalla de Las Termópilas
Sobre el papel, las cifras del sector agrícola español en cultivos, producción y puestos de trabajo, convierten a nuestro país en líder. La realidad es otra muy distinta: los costes de producción están disparados y el consumo de alimentos frescos cae en picado desde 2021, pasando de una demanda 186 kilos por persona a 150 kilos.
El fuerte aumento de los costes concentra las protestas de las principales organizaciones agrarias ante el problema de no poder repercutirlo en el precio de venta en todos los casos, aunque la última reforma de la Ley de la Cadena Agroalimentaria haya prohibido vender a pérdidas. Para dar salida a una oferta de alimentos perecederos la solución pasa por la exportación, pero ésta se encuentra estancada mientras que las importaciones masivas, concentradas en unos pocos grupos, avanzan filas como el ejército persa liderado por el Rey Jerjes I en aquel antiguo intento por conquistar Occidente del 480 a. C. Desde 2015, el volumen de exportaciones a países comunitarios sólo ha crecido en 0,6 millones de toneladas, situándose en 13,4 millones el total de toneladas exportadas en 2021, mientras que la venta a países no comunitarios ha descendido un 24 % en el mismo periodo.
Ante los objetivos de la Política Agrícola Común de asegurar el suministro a precios asequibles, las organizaciones de producción y exportación de frutas y hortalizas reivindican medidas en coherencia para reducir la dependencia del exterior, frenar la destrucción de explotaciones agrarias y aplicar a los productos importados las mismas exigencias fitosanitarias, laborales y de calidad que a los comunitarios.
La crisis de los costes de producción
Entre los sectores más afectados por el incremento de costes de producción destaca el agropecuario. La tendencia de los últimos tiempos marca, en particular, un fuerte aumento de los medios de producción con el precio disparado de maquinaria, energía, semillas, piensos y fertilizantes por encima de un 200%. En total, frente a ese 47% que suponían los costes de producción sobre el valor de la producción final agraria el pasado año, en esta campaña, con unos costes que se situarían en el entorno de los 38.000 millones de euros, se podría disparar hasta superar ampliamente el 60% de los ingresos.
El intento de rebajar la cesta de la compra para aliviar a los consumidores traslada la tensión a lo largo de la cadena alimentario, en sentido inverso, hasta alcanzar a los productores en origen que resisten, ya sin margen alguno, al tener que soportar este año unos gastos de producción del 60 % del valor de la producción final agraria, según las previsiones, frente al 47% de la pasada campaña. En este contexto el gran interrogante a resolver es la prohibición de ventas a pérdidas tras la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria.
¿Cómo revertir estos costes de producción sin destruir valor en la venta?
Desde el pasado diciembre de 2021 están vigentes las medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria con la reforma de la Ley de la Cadena entre cuyos objetivos se encuentra lograr unas relaciones comerciales más justas en el marco de una contratación alimentaria equilibrada. Para lograrlo, la Ley refuerza la posición negociadora de los productores agroalimentarios y prohíbe expresamente la destrucción de valor de forma que cada nivel de la cadena viene obligado a pagar un precio que tiene que cubrir los costes de producción del nivel inferior. Para supervisar la evolución de precios y detectar desajustes el Observatorio de la Cadena Alimentaria se ocupa de su seguimiento, pero no existe un mecanismo similar para seguir la evolución de los costes de producción.
Las organizaciones agrarias siguen denunciando tanto el incumplimiento de la regla de determinación de precios prevista en la Ley de la Cadena Alimentaria, cuando ha transcurrido casi un año desde la reforma, como la situación de pérdida progresiva de rentabilidad por la fuerte subida los medios de producción.
El paquete de medidas extraordinarias, que incluyó al sector vacuno de leche, vacuno de carne, ovino y caprino, avícola y cítricos, además de la rebaja de seguros agrarios y las ayudas al gasóleo para el transporte han supuesto cierto alivio. Sin embargo, el crecimiento futuro y la viabilidad de estas actividades no se podrá solucionar con ayudas sino con precios justos y fórmulas de máxima revalorización de los productos agrícolas, incluyendo las líneas de venta de excedentes alimentarios. Involucrar a las personas jóvenes en el campo, reducir los costes mediante soluciones innovadoras y avanzar en la sostenibilidad del sistema alimentario son algunas de las estrategias que no pueden faltar para que el campo pueda proclamar la heroicidad de su gesta.